El derecho al servicio del pueblo

Por Diego Martínez

Habían pasado más dos años del golpe de Estado cuando un grupo de familiares de desaparecidos miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) concluyó que la lucha contra el terrorismo estatal debía ser más eficaz. Querían decir “dictadura” y “detenido–desaparecido” con todas las letras, iniciar causas judiciales individuales por secuestros y asesinatos, documentar y difundir la metodología criminal y clandestina que gran parte de la sociedad ignoraba y, en el corto plazo, planificar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para frustrar la estrategia de ocultamiento de la inteligencia militar. Con esos objetivos crearon el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que desde 1979 ocupa un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y que además supo ampliar su agenda y su estructura para convertirse en referencia ineludible de las luchas por los derechos humanos que prestigian a la Argentina.

La Visita de las Cinco de septiembre de 2019 se planificó para conmemorar los 40 años del CELS bajo el título “Derechos Humanos. Ayer, hoy y siempre” y se concreta en una tarde primaveral, a un mes de la dura derrota del gobierno de la alianza Cambiemos en las elecciones primarias y a tres kilómetros de Barrancas de Belgrano, donde el presidente Mauricio Macri inicia a esa misma hora su gira de despedida al grito de “Sí se puede”.

En la apertura, ante más de 300 personas reunidas en la explanada del ex Casino de Oficiales que la Armada transformó en centro de detención, tortura y exterminio, el director de relaciones institucionales del Museo Sitio de Memoria ESMA, Sebastián Schonfeld, repasa el contexto de 1979, introduce a los visitantes en la muestra temporaria “La Visita de la CIDH. El Ocultamiento de la ESMA. La verdad se hace pública”, presenta a los invitados y agradece en particular a los sobrevivientes que se han acercado.

En nombre del CELS toma la posta su presidente Horacio Verbitsky, quien elogia el trabajo del equipo que encabeza Alejandra Naftal durante la desgracia macrista. “Este ha sido un lugar de resistencia frente a los atropellos, que han ocurrido en una escala y de una manera muy distinta a los años de la dictadura pero con aversión al tema que nosotros custodiamos y atesoramos”, reflexiona. Recuerda que la inspección de la CIDH “fue el punto de inflexión para la dictadura y el acta de bautismo del CELS, que se organizó para acompañar y apoyar la visita”, y destaca “la resignificación” que experimentó esa organización internacional “sin antecedentes en la materia y que había sido creada en el contexto de la guerra fría como instrumento de acoso del imperialismo contra la Revolución Cubana”.

Cuando María José Guembe toma el micrófono la emoción la paraliza. “El CELS es mi identidad, mi corazón, y este es el día que más difícil me resulta hablar”, confiesa con lágrimas y nombra de memoria a varios de los miembros históricos, la mayoría fallecidos: Emilio y “Chela” Mignone, Carmen Lapacó, Laura Conte, Matilde y Santiago Mellibovsky, Fanny Bendersky, Alicia Oliveira, Alfredo Galletti… “Me toca hablar de ellos y lo voy a hacer con todo el amor que les tengo”, arranca. Actual integrante de la comisión directiva, Guembe recuerda que en los ’90 estudiaba derecho y “no sabía qué miércoles iba a hacer con el título” hasta que “un día llegué al CELS, conocí a Emilio y Alicia y eso me permitió revolucionar el concepto que tenía de esa profesión: ahí descubrí que el derecho era una herramienta muy eficaz para luchar contra las injusticias”. Vuelve a los fundadores, nombra a sus seres queridos desaparecidos y remarca que no crearon el CELS “porque no hubiese organismos de derechos humanos, ni una lucha organizada para desmantelar a la dictadura cívico–militar sino porque de la experiencia que traían surgía la idea de que se podía hacer algo más o algo distinto”. Por último repasa las iniciativas que no cuajaron en la APDH, empezando por el trabajo riguroso de documentación e interpretación de las miles de denuncias y el activismo judicial.

La segunda invitada es Mercedes Mignone, hija de Emilio y “Chela” y hermana de Mónica Mignone, militante peronista y cristiana secuestrada por un grupo de tareas de la ESMA y desaparecida a sus 24 años. “Estoy segura de que mamá y papá estarían re-felices, orgullosos del funcionamiento del CELS, de sus directivos y trabajadores”, afirma. Repasa el secuestro de Mónica, el inicio de la búsqueda, el primer hábeas corpus apuntando sin dudar a las fuerzas armadas y la actitud de “la gente amiga” de su padre en la iglesia católica, que en su mayoría “le dio la espalda”. Luego recuerda el rol de Mignone en la APDH, donde “le proponen ser uno de los vicepresidentes”; “las reuniones en el departamento” de avenida Santa Fe, donde comenzará a orientar y redactar escritos para familiares de desaparecidos, y la gestación del CELS “entre el ’78 y el ‘79” como desprendimiento de la APDH y con el aporte de Madres de Plaza de Mayo como su mamá, Elida Galletti o Carmen Lapacó.

Gonzalo Conte coordina el área Topografía de la Memoria de la asociación Memoria Abierta aunque hablará en el rol de hijo de Augusto y Laura Conte, fundadores del CELS, y de hermano de Augusto María Conte, desaparecido por la Armada. “La sensación de ser hijo de estos monstruos, de estos enormes y generosos padres, y de poder estar acá, ni más ni menos que en el Museo Sitio de la ESMA, es para mí un doble honor”, confiesa emocionado. “El CELS nació sin fronteras, nuestras propias casas fueron el CELS”, recuerda de su infancia. Augusto María militaba “en la boca del lobo”, le rinde homenaje a su hermano secuestrado mientras hacía la colimba en la base aeronaval Punta Indio. A poco de iniciar la búsqueda, la familia confirmó que lo habían matado y “mis viejos hacen un proceso extraño pero necesario, que es intentar cerrar con ese dato verdadero para abrir el capítulo de todos”. Augusto Conte, junto con Mignone, escribiría en 1980 la primera descripción minuciosa de los objetivos, la estructura y la lógica del terrorismo de Estado, que se tituló “El caso argentino: desapariciones forzadas como instrumento básico y generalizado de una política. La doctrina del paralelismo global”. Luego fue electo diputado y se convirtió en la voz del movimiento de derechos humanos en el Congreso. “Mi vieja es más lenta para llegar, pero más rotunda para quedarse”, define a Laura Jordán de Conte, que en 1982 organizó el Equipo de Salud Mental del CELS y que es vicepresidenta del organismo.

La última invitada representa a la generación más joven de celsianos. Sol Hourcade nació en 1983 y es abogada en las causas por delitos de lesa humanidad. Durante un seminario de Antropología Jurídica a cargo de Sofía Tiscornia, que dirigió el área de investigación e integra la comisión directiva del CELS, descubrió que “el derecho puede ser una buena vía” para cambiar la realidad. “Cuando me enteré que había una clínica jurídica en el CELS dije ‘esto es para mí’, no me veía trabajando en otro lado”, confiesa, y agrega con orgullo que por estos días actúa como querellante en el juicio “ESMA IV”.

Este cronista cuenta que tuvo el honor de integrar el equipo de Memoria y Lucha contra la Impunidad conducido por Carolina Varsky que participó de los primeros juicios tras la anulación de las leyes de impunidad, y explica que como trabajador de prensa “el CELS es siempre una referencia obligada”. Luego recupera la figura de Noemí Labrune, una de las fundadoras y protagonistas de los inicios del organismo, quien de la mano del obispo Jaime de Nevares había creado antes la APDH de Neuquén, donde aún milita. Recuerda su rol en la selección de los 300 testimonios con los que se armó el informe previo a la visita de la CIDH, que Mignone llevó a Washington y Labrune distribuyó entre personalidades de todo el país en pleno terrorismo de Estado, viajando en colectivo y retirando copias que su marido le mandaba por encomiendas, y que fue también la redactora de las primeras publicaciones con las que el CELS intentó frenar la ley de autoamnistía tras la guerra de Malvinas.

El infierno por dentro

La recorrida por el edificio construido durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón comienza por el ex salón de esparcimiento de los oficiales navales con una proyección que repasa presidencias y dictaduras del siglo XX y se detiene en la de 1976 con audios e imágenes de esa larga noche: el almirante Massera diferencia a “los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida”, el coronel Camps anuncia la guerra contra “la subversión cultural e ideológica” y el ministro Martínez de Hoz “la liberación de las fuentes productivas”. “El desaparecido no tiene entidad, no está ni vivo ni muerto, no está”, explica Videla, y el eco de esas dos palabras impregna la sala de civilización occidental y cristiana. “No sabemos nada de ellos, todas las puertas se cierran”, gritan las Madres en la plaza.

La muestra sobre la CIDH está en el salón contiguo, que conserva en el centro una vieja cocina industrial. Guadalupe Basualdo, del equipo de investigación del CELS, cuenta que se armó a partir de archivos de varios organismos y que se divide en tres partes: la preparación, que implicó la organización de las miles de denuncias recibidas; la labor de los comisionados en el país, con largas colas de familiares para dar testimonio en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, y visitas a las cárceles donde escucharían de primera mano a presos políticos que antes habían estado desaparecidos; y la elaboración del informe final, elocuente sobre la masividad y sistematicidad de los crímenes, seguida por el ingreso clandestino al país, la difusión artesanal en 1981 y la publicación por parte del CELS apenas recobrada la democracia.

La segunda intervención tiene lugar en el amplio sótano del ex centro clandestino. “Era el primer y el último lugar por el que pasaban los secuestrados”, explica Federico Ferrón, del equipo de trabajadores del Museo. Allí funcionaban las salas de interrogatorio donde se torturaba a los recién llegados para arrancarles información y la “enfermería” donde se anestesiaba a los elegidos para los vuelos de la muerte.

Mercedes Mignone recuerda que Emilio conocía a Edmundo Vargas Carreño, secretario de la CIDH, de sus años de trabajo en la Organización de Estados Americanos, y que en un viaje a Estados Unidos le presentó los testimonios recopilados. En 1980, cuando la Comisión terminó su informe y la dictadura prohibió difundirlo, el presidente del CELS logró ingresar 500 ejemplares que retiró del aeropuerto de Ezeiza junto al obispo metodista Aldo Etchegoyen. “Es material educativo que manda la ONU”, recuerda que dijeron.

Gonzalo Conte salta a 1983 y recuerda la candidatura de su padre a diputado por la Democracia Cristiana. “Era un desafío más allá de sus reales posibilidades” pero “el compromiso de mi viejo tenía un grado de culpa y de riesgo proporcional”, reflexiona. En la gestión como legislador se topa con “un montón de paredones muy difíciles de abordar y comienza con sus primeras depresiones, al no encontrar respuesta a nuevos retos para seguir desafiando esta idea de no recordar lo peor”, explica. El final de Conte, que se quitó la vida cuando la impunidad parecía eterna, vuelve en silencio a la mente de los veteranos presentes.

Las fotos de personas secuestradas que el obrero gráfico Víctor Basterra sacó de la ESMA arriesgando el pellejo se exponen sobre el fondo del sótano y le dan pie a Guembe para hablar del centro de documentación del CELS. El “Informe Basterra”, como se conoce el cuadernillo con su testimonio publicado en 1984, permitió no sólo recuperar las últimas imágenes de un puñado de desaparecidos sino también de represores de todas las jerarquías, con sus grados, alias y en algunos casos su identidad real. Hourcade apuntará que, 35 años después, dos de los últimos procesados en la megacausa ESMA ya estaban en aquella denuncia pionera.

Un hito menos difundido de la historia institucional es la gestación de los Juicios por la Verdad en los ’90. Tras las leyes de impunidad y los indultos, sólo los procesos por apropiaciones de niños seguían en pie y “el poder judicial no quería saber nada” con reabrir las miles de causas cerradas, recuerda Guembe. “Una abogada muy creativa, Alicia Oliveira, tomó un artículo de Perú sobre el Derecho a la Verdad y dijo: ‘hay que devolverle la pelota al poder judicial, exigir que den respuesta a los familiares’”. En el contexto de conmoción que generó la confesión de Adolfo Scilingo sobre los vuelos de la muerte comenzaron a trabajar en la argumentación que permitiría “derribar la muralla” y obligaría a los marinos a desfilar por tribunales.

“Los organismos recibimos ataques permanentes, desde siempre. A veces son desembozados, directos. En esta época son sinuosos, laterales”, reflexiona Verbitsky, y cita como ejemplo el razonamiento que sugiere “que la instancia de castigo obtura la posibilidad de obtener verdad, que tuvo el impulso vergonzoso del ministro Pablo Avelluto”. El planteo de Justicia vs. Verdad fue refutado por el contraste de experiencias entre la Argentina y Sudáfrica, donde “la verdad está acompañada de impunidad” y las víctimas deben convivir con “la impotencia de ver cómo un torturador cuenta (sus crímenes) y sale en libertad”. Aquí los juicios “han sido una fuente importantísima de conocimiento y de verdad”, destaca.

La recorrida continúa por el corazón del infierno, el espacio donde miles de personas pasaron infinitos días y noches en condiciones inhumanas, en el tercer piso del ex Casino de Oficiales. La exhibición permanente del Museo describe con admirable detalle las aberraciones sufridas en “Capucha” pero también los actos de resistencia de los cautivos. La voz de los sobrevivientes llega desde cuidados paneles de vidrio y desde paredes donde se proyectan sus testimonios ante los jueces. De quienes no sobrevivieron se conservan marcas como una inscripción de Horacio Maggio sobre una viga o palabras escritas por Norma Arrostito, que firma “Norma – Gaby – Gaviota” y que una compañera logró conservar.

El final de la visita será en el ex salón “Dorado”, en planta baja. “Acá se planificaba absolutamente todo y se decidía la muerte”, resume el guía. Desde una docena de proyectores que cuelgan del techo se disparan imágenes de Acosta, Donda, Astiz y decenas de criminales de lesa humanidad con sus uniformes inmaculados y un resumen de sus prontuarios. Segundos después, las fotos de los mismos personajes avejentados durante los juicios y las penas que recibieron.

“Este trabajo siempre se hizo en conjunto con otres”, dice Guembe en referencia a los abogados y abogadas que luchan por “JUICIO Y CASTIGO”, las palabras que cerraron la proyección, y recuerda el caso que marcó el quiebre de la impunidad y que la tuvo como protagonista en 2000. El equipo jurídico de Abuelas había conseguido el procesamiento de dos policías por la apropiación de una mujer nacida en cautiverio pero la obediencia debida impedía juzgarlos por la desaparición de sus padres, pese a la abundancia de pruebas. El CELS se presentó como querellante, presentó una exhaustiva argumentación sobre la inconstitucionalidad de esa ley arrancada a cuartelazos y logró que un juez, una cámara y la Corte Suprema de Justicia removieran el obstáculo que explicaba la libertad de centenares de asesinos. La reapertura de causas en todo el país demandó abogados especializados. “Al principio eran un puñado” pero “después empezaron a aparecer jóvenas profesionales dedicadas a impulsar los juicios”, recuerda Guembe y menciona a Varsky, que encabezó las querellas del CELS durante más de una década y desde 2013 coordina la unidad especial de la Procuración General de la Nación.

Hourcade, en su última intervención, repasa el largo “derrotero de la causa ESMA”, destaca que “el balance del proceso de Memoria, Verdad y Justicia es positivo” (226 sentencias, 915 condenados hasta junio de 2019), menciona el logro de haber conseguido condenas por delitos sexuales y el desafío de avanzar en el juzgamiento de empresarios, jueces y civiles de inteligencia. “Desde 2016 se han atacado las políticas públicas relacionadas con los juicios”, recuerda, y cita como ejemplos el relevamiento de expedientes administrativos en los que la burocracia militar dejó huellas de su trabajo sucio o el imprescindible acompañamiento a los testigos.

“El movimiento argentino de derechos humanos ha sido clave para el fracaso de todos los proyectos de dominación y colonización del pueblo argentino que se han intentado desde la dictadura militar en adelante”, reflexiona Verbitsky, y destaca como singularidad que lo distingue su “incidencia en las cuestiones centrales de la política de un país”. En el caso del CELS, desde sus inicios tuvo como política institucional “una combinación nada fácil de inflexibilidad en los principios y flexibilidad en las prácticas: mantener muy firmemente valores y propuestas de fondo pero buscar manejarse dentro de las distintas coyunturas políticas aprovechando al máximo las posibilidades y reduciendo al mínimo las contrariedades”.

“Cuando se sancionaron las leyes de impunidad decidimos continuar una batalla política y cultural”, rememora, y cita como ejemplo el impulso de los Juicios por la Verdad, una estrategia que “no fue comprendida por todos los compañeros del movimiento de derechos humanos”, que en algunos casos lo interpretaron como “bajar la bandera de la justicia”. “En ese momento es lo que teníamos al alcance como posibilidad” y de hecho “reinstalaron el tema de los crímenes de lesa humanidad y fueron el paso previo a la reapertura”.

El siguiente hito del proceso de justicia tampoco fue casual: el CELS planificó el pedido de inconstitucionalidad de las leyes “cuando se avecinaba el cuarto de siglo del golpe militar”, consciente de que el 20º aniversario en 1996 había implicado una enorme movilización a Plaza de Mayo y previendo que un lustro después “ese fenómeno se iba a repetir magnificado”. El contexto de efervescencia en 2001 “permitió que se equilibraran los tantos con las presiones corporativas, que no se daban en forma pública pero sí con gran efectividad en los despachos cerrados de los jueces, y que hubiera un juez que se animara al sentirse respaldado por esa movilización social”, recuerda en referencia al ex juez Gabriel Cavallo.

“Esa es una clave fundamental de toda nuestra tarea”, destaca Verbitsky en el cierre y extiende el mérito al movimiento argentino de derechos humanos. “Lo fue siempre y aspiro a que lo siga siendo en el futuro, en este y en todos los temas en los que trabajemos, porque no operamos en el vacío, somos parte de una sociedad en lucha, en resistencia, y tratamos de aportar a objetivos colectivos y de medir en qué momento es factible cada cosa”, explica el periodista y escritor que desde 2000 preside el CELS. “Esa inserción que buscamos en las luchas de nuestro pueblo es lo que de alguna manera impide que se consoliden proyectos reaccionarios como el que encarna el actual gobierno, al cual por suerte le quedan pocos meses”, redondea. La Visita de las Cinco concluye con un largo aplauso.

Diego Martínez: El autor es trabajador de prensa e integró el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS. Es autor del blog Bahía Gris, sobre el terrorismo de Estado en Bahía Blanca, donde declaró dos veces como testigo. Por sus investigaciones también declaró sobre los vuelos de la muerte en la causa ESMA y en un juicio por una apropiación ilegal en San Juan. Fue delegado de los trabajadores de Página/12 entre 2011 y 2017 y participó de la fundación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires.